Dichas normas permiten que las personas extranjeras, ya sean comunitarias (países de la Unión Europea) o extracomunitarias (países que no pertenecen a la Unión Europea), puedan regularizar su situación administrativa en territorio español, a partir de diversos procedimientos, entre los que pueden destacarse:

• Autorización de residencia por trabajo o estudios y renovaciones.
• En caso de encontrarse en situación irregular en España puedan optar por una residencia legal, mediante los conocidos arraigos social, laboral y familiar.
• Reagrupación de familiares, ya sea el cónyuge, hijos, hermanos e incluso padres del extranjero.
• Posibilidad de una residencia legal en España para inversores y emprendedores, personal altamente cualificado e investigadores y formación.
• Tramitación de la nacionalidad española, adquiriendo los mismos derechos que cualquier ciudadano español.